17 January 2001
Chapuzas migratorias
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La Vanguardia
  
 

Tags: Africa | Europe | Freakonomics | International

Los recientes incidentes y accidentes relacionados con inmigrantes han puesto de manifiesto que la actual política de inmigración que, imitando a la política de prostitución, se basa en la “ilegalidad consentida”, es la típica chapuza española convertida en peligrosa bomba de relojería de consecuencias sociales y económicas impredecibles. El problema fundamental radica en entender que no se puede tratar a los inmigrantes como ciudadanos de segunda categoría y que, si no estamos dispuestos a tratarlos en condiciones de igualdad ante la ley, será mejor expulsarlos y cerrar las fronteras.

Igualdad ante la ley quiere decir que no se puede discriminar a los extranjeros con condiciones laborales inferiores a las que se dan a los españoles de origen, y que los empresarios que infringen las leyes laborales deben ser perseguidos y castigados. Pero también quiere decir que, al igual que el resto de ciudadanos, los inmigrantes deben ser sancionados (incluso con la deportación) si incumplen la ley, aunque sea la laboral.

Puede parecer que, a corto plazo, lo más humanitario es dejarles trabajar a cambio de unos salarios que son inferiores a los que se pagan en España, pero que son muy superiores a los que recibirían en su país de origen. Al fin y al cabo, eso les permite ganar algún dinerillo para sobrevivir. Ahora bien, lo más humanitario a corto plazo puede no ser lo mejor a la larga. Cuando corra la voz de que en España se permite a los extranjeros obtener ingresos ilegales, una nueva ola de inmigrantes se presentarán en la frontera. Las mismas razones humanitarias nos llevarán también a dejarles trabajar ilegalmente, lo cual atraerá a una nueva ola migratoria y así sucesivamente hasta que la situación se haga insostenible. Miles de inmigrantes se amontonarán en campos de refugiados en condiciones infrahumanas, a la espera de que se regularice su situación. Si realmente queremos ser solidarios, lo mejor sería eliminar las barreras comerciales que dificultan la entrada de productos agrícolas y que impiden que los ciudadanos africanos se ganen la vida en su propio continente. El problema es que ahí topamos con el poderoso lobby político de los agricultores europeos y con eso no se juega.

Y, por cierto, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ser flexibles con la ley con la excusa de ser humanitarios? ¿También haremos la vista gorda si algunos inmigrantes deciden prostituir o vender a sus hijas de doce años? Al fin y al cabo, ¡eso les permitiría ganar algún dinerillo para sobrevivir! Si, ya sé que trabajar sin contrato no es un “crimen” tan grave como vender a una hija pero, ¿donde está la frontera de lo permitido? ¿Y quien decide qué leyes se pueden quebrantar y qué leyes no? Si queremos dejar que los inmigrantes trabajen en condiciones inferiores, que el parlamento apruebe una ley que permita la discriminación. Seguro que no lo hace, y la razón es que los legisladores saben que la discriminación es intolerable. Pero, si es intolerable a la hora de legislar, ¿por qué se tolera a la hora de ejecutar las leyes?

Otro aspecto económico de la igualdad ante la ley es que los inmigrantes deben cotizar a hacienda. La contrapartida es que también deben tener derecho a acceder a escuelas y hospitales públicos, sistema de pensiones y protección policial y judicial. Curiosamente, uno de los argumentos que se utilizan a favor de la inmigración es que, en teoría, ésta va a solucionar el problema de las pensiones ya que los inmigrantes van a llenar con sus contribuciones fiscales el vacío que dejará nuestra baja natalidad. Aunque ampliamente aceptado, este argumento es falaz y erróneo. Todo estado del bienestar progresivo como el español genera redistribución de rentas en beneficio de los pobres: una vez contados todos los impuestos, cotizaciones, servicios públicos y pensiones, los ricos acaban pagando más de lo que reciben y los pobres recibiendo más de lo que pagan. No hace falta ser muy perceptivo para ver que los inmigrantes que atrae España en la actualidad son de baja calificación y reducido nivel salarial. Es evidente, pues, que tenderán a recibir más de lo que aportan al estado. Dicho de otro modo, una vez descontado el coste de utilización de los servicios públicos, no sólo no quedará nada para financiar las pensiones públicas, sino que se habrá contribuido al deterioro del estado del bienestar. Las listas de espera en los hospitales se alargarán, el número de plazas disponibles en las escuelas públicas se reducirá, habrá menos dinero para los parados y los retrasos del sistema judicial se agudizarán. Y eso perjudicará particularmente a quien más utiliza los servicios públicos: los ciudadanos pobres. Una posible solución (y admito de entrada que es políticamente irrealizable, pero puede ayudar a pensar en el problema) sería el cobro de una cuota de entrada a toda persona que desee inmigrar a España, con el objetivo de compensar las pérdidas que se causa a los que han construido el estado del bienestar con sus cotizaciones de muchos años.

A los costes económicos se deben añadir otros de tipo político, social e incluso sanitario (muchos de los emigrantes provienen de países donde el 30% de la población tiene SIDA y tuberculosis, y sólo es cuestión de tiempo para que surjan brotes de ébola en España) que, por razones de espacio, no voy a enumerar. La pregunta es: una vez se informe claramente a los ciudadanos de cuales serán los costes, ¿estarán dispuestos a aceptar la inmigración de la única manera razonable, es decir, en condiciones de igualdad ante la ley? ¿O seguiremos con la situación chapucera actual donde ni se analizan seriamente las consecuencias de la inmigración, ni se aplican las leyes existentes?

  • (Altres articles apareguts just després del meu. Un, escrit pel President Pujol a La Vanguardia el dia 19 de Gener del 2000. L'altre, escrit pel col.lectiu J.B. Boix a l'Avui, on es fa referència als articles del President Pujol i meu). Naturalment, no tothom està d'acord amb el meu article. Una carta d'un tal Juan Ripolles Iranzo m'acusa de xenòfob i em compara amb Goebbels, Franco, Galtieri, Blas Piñar i, fins i tot, amb el llibreter Pedro Varela; malgrat els insults, aquesta carta romandrà sense contesta perquè, a banda de semblar que aquest senyor no ha llegit l'article, un requisit per a tenir contesta és la bona educació; les cartes amb insults seran ignorades, sobre tot si són buides de contingut.)

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