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Don Quijote, hidalgo manchego enloquecido por las lecturas caballerescas, que dio en creerse caballero andante y en embarcarse en disparatadas aventuras que le dieron fama universal, fue un personaje cervantino que refleja la estupefacción con la que los ciudadanos de la época veían a quien leía libros: incapaces de entender cómo alguien podía pasarse horas enteras mirando fijamente a un pedazo de papel, concluían que la gente que leía, lejos de ser culta e inteligente, se había vuelto completamente loca.

A pesar de que pronto se cumplirá el 400 aniversario de la publicación del Quijote, la arrogancia de los “cultos” sigue siendo de actualidad: muchos son los que creen que la “cultura” sólo se transmite a través de métodos tradicionales como los libros de papel y llaman “incultos” a los jóvenes que se pasan el día enganchados a la televisión, navegan por internet o se aíslan del mundo a través de su walkman (observen el paralelismo entre un joven en plan autista con sus auriculares y don Quijote, absorto con sus libros de caballerías). Esos “sabios” no entienden que las nuevas formas de cultura como el cine, la televisión o Internet son tan legítimas como la literatura o la música clásica y no comprenden que intentar volver al siglo XIX es no comprender que el mundo está en constante evolución.

Todo esto me ha venido a la cabeza a raíz del intento de la ministra de cultura, doña Carmen Calvo, de reducir los impuestos que gravan libros y CDs. Al explicar su medida, la ministra habló de la “excepción cultural” (me parece que esa expresión, inventada por el ministro francés Jack Lang en 1981, quiere decir que los bienes culturales deben pagar menos impuestos). Lógicamente, la Sociedad General de Autores y Editores, la Asociación Fonográfica y Videográfica Española y demás gente con intereses económicos en el tema, aplaudieron rápidamente la medida. Yo, en cambio, la encuentro deplorable.

Deplorable porque, al no estar clara la definición de “cultura”, no es sencillo decidir qué bienes deben tener la excepción impositiva. Para los amantes de la buena comida, por ejemplo, la cocina es cultura por lo que también querrán un IVA reducido (de hecho, Jack Lang incluía los restaurantes franceses –aunque, ¡cómo no!, sólo los franceses- en su “excepción cultural”). Asimismo, los amantes de la degustación de vinos, aguas, licores o cerveza apuntarán que ellos también quieren la reducción. Supongo que, acto seguido, la pedirán los fumadores de puros apelando a la cultura cubana. Por no hablar de las multitudes que siguen las manifestaciones culturales más importantes del siglo XX, los deportes, que demandarán exenciones para sus millonarios jugadores o para los practicantes de la cultura del golf. Y como siempre pasa, entre todos esos (legítimos) candidatos a la excepcionalidad cultural, sólo se llevarán el premio aquellos que mejor relación tengan con esos lobbies en los que se han convertido los partidos políticos. En esta ocasión les tocó el turno a los editores y a las discográficas.

Lo que me lleva a una segunda razón: la medida de la ministra es deplorable porque, si se bajan unos impuestos, la recaudación se debe recuperar aumentando otros. La pregunta es, ¿cuáles? Unos pueden creer que la cultura es prioritaria, pero otros creerán, por ejemplo, que los bienes de primera necesidad son mucho más importantes: alimentos o medicamentos deberían tener prioridad fiscal por delante de los libros o los CDs. Y la tienen. Lo que pasa es que también se podría argumentar con rigor que la gasolina es necesaria para que los ciudadanos vayan a trabajar, que los productos de la limpieza son necesarios para la higiene de la sociedad o que la telefonía móvil es necesaria para la tranquilidad de los padres cuando los hijos se van de juerga. Así podríamos ampliar la lista … y casi todos los productos imaginables podrían ser necesarios y requerirían exención fiscal. La verdad es que a mi no me importaría que bajaran todos esos impuestos pero que conste que, si se hace, el estado deberá reducir el gasto público y me pregunto si la ministra (y su partido) están dispuestos a ello. Mucho me temo que la respuesta es que no.

Finalmente, la medida es cómicamente deplorable porque es… ¡ilegal! Si, si. Ilegal: Todavía no habían pasado 24 horas de su anuncio cuando la UE le comunicó a doña Carmen que las directivas comunitarias no le permiten reducir unilateralmente IVA de los productos discográficos. De ese modo, la ministra hizo un ridículo espantoso, ridículo que intentó camuflar al día siguiente diciendo que su medida era “sólo una idea”. ¡Si! Ya sé que la señora Calvo es nueva en su cargo y tiene cierta inexperiencia. Pero, ¿no deberían los ministros ser los más expertos y más preparados? ¿Y no deberían éstos rodearse de un equipo que analice la viabilidad legal de sus propuestas? Y, si es así, ¿no es ridículo que una ministra, por más nueva que sea, anuncie medidas ilegales?

Espero, por el bien de todos, que este episodio sólo haya sido un pequeño desliz y no la señal de que el nuevo gobierno va a seguir una política de grandes gestos populistas que quedan bien pero no llevan a ninguna parte. El problema es que la desbandada de Iraq antes de que la ONU se pronunciara, las frecuentes contradicciones del ministro Alonso, las extravagancias de José Bono y la pantomima de la retirada de la supuesta subvención a la Fundación Francisco Franco cuando ésta ya había caducado, son otras pequeñas señales que no invitan al optimismo.