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El déficit cero está de moda. El gobierno anuncia a bombo y platillo que ha equilibrado el presupuesto y, no satisfecho con semejante hazaña, ahora busca aprobar una ley que ligue de manos a los futuros gobiernos obligándoles a conseguir también el déficit cero.

En general, no es bueno que las administraciones se endeuden sistemáticamente. Como el resto de nosotros, los gobernantes deben entender que no pueden gastar siempre más de lo que ingresan. En un sistema político donde se ganan votos prometiendo de todo (es decir, gastando mucho) y no perjudicando a nadie con impuestos (es decir, recaudando poco), los gobiernos tienen la tendencia a generar déficits excesivos. La imposición de algún tipo de disciplina fiscal a quien administra nuestro dinero es, pues, saludable.

Pero una cosa es no generar déficits sistemáticos y otra muy distinta prohibir los déficits por ley. Recuerde el lector que equilibrar el presupuesto es equivalente a no pedir prestado: cuando uno quiere gastar más de lo que gana, debe financiar la diferencia con un crédito. Obligar, pues, al gobierno a conseguir el déficit cero es equivalente a prohibirle pedir créditos. Y eso es malo.

Las finanzas del gobierno son como las de una familia (pero a lo grande). Cuando una familia se endeuda sistemáticamente, tiende a gastar demasiado en cosas innecesarias y debe utilizar una parte excesiva de sus ingresos para pagar los intereses. Ahora bien, eso no quiere decir que la prohibición de los créditos familiares sea deseable. Si lo hiciéramos, pocos podrían comprar casa o coche y pocos podrían montar negocios.

Este argumento, que parece claro para el caso de las personas, se aplica también a las administraciones públicas. Imaginemos que descubrimos una tecnología fantástica que, si se implementa, nos permitirá crear empleo, riqueza y crecimiento, pero que requiere una gran inversión en infraestructuras públicas. La pregunta es: ¿cómo financiaremos tan deseable inversión? Lo normal sería ir al Banc Sabadell a pedir un crédito. Ahora bien, si el gobierno se ata de manos y se obliga a sí mismo a presupuestar un déficit cero, se cierra esa vía de financiación. Una alternativa sería ahorrar durante 20 años hasta generar el suficiente capital. Para entonces, otros países se nos habrán adelantado y la inversión ya no tendrá sentido. Otra posible solución sería aumentar los impuestos, pero eso también sería malo porque reduciría la inversión y el consumo privado. La tercera alternativa sería reducir el gasto público. Si ese gasto era necesario, se perjudicará a los ciudadanos o a la economía y si no lo era, se debería haber eliminado con anterioridad en lugar de esperar a tener la necesidad de hacerlo. Dado que todas las alternativas son insatisfactorias lo más probable es que, sin déficit, el proyecto nunca se lleve a cabo. Dicho de otro modo, la ley de déficit cero podría tener serias consecuencias adversas sobre el crecimiento a largo plazo.

Pero el déficit cero también presenta problemas a corto plazo. Consideremos, por ejemplo, los efectos de una repentina caída de la bolsa y una consiguiente reducción de la demanda de consumo. Una de las primeras consecuencias de la crisis económica sería la caída de la recaudación fiscal (menos rentas conllevan menos IRPF y menos consumo, menos IVA) y el aumento del gasto público (subsidios de paro). La menor recaudación y el mayor gasto generaría un déficit fiscal. Si la ley prohibiera dicho déficit, el ministro se vería obligado a retocar los presupuestos dejándole, básicamente, dos alternativas. La primera sería la reducción del gasto, cosa que reduciría todavía más la demanda y agravaría la crisis. La segunda alternativa sería elevar los impuestos. Eso reduciría el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que les obligaría a reducir el consumo y la inversión, por lo que esa vía también agravaría la crisis. Sea como fuere, la obligación de conseguir un déficit cero contribuiría a acentuar la crisis y generaría una mayor inestabilidad del ciclo económico. Una mala idea en la que estarían de acuerdo tanto los economistas clásicos como los keynesianos.

De hecho, si se analizan los datos honestamente, uno debe reconocer que el gobierno ha conseguido equilibrar los presupuestos en parte gracias a que la coyuntura de bonanza económica ha traído mayor recaudación y menor gasto social (me abstendré aquí de analizar la contabilidad creativa y las “donaciones” de la UE que, sin duda, también han sido factores importantes). Si eso es así, el mismo gobierno que ahora saca pecho, tendrá problemas para conseguir un presupuesto equilibrado cuando la economía se desacelere. Y será entonces cuando buscar el presupuesto equilibrado puede tener consecuencias nefastas. La teoría económica dice que lo mejor sería mantener los tipos impositivos más o menos constantes y dejar que haya déficits durante las recesiones y superávits durante los tiempos de bonanza, de manera que el presupuesto esté equilibrado en promedio, aunque no lo esté cada año.

Si es cierto que, por un lado, hay que obligar al gobierno a mantener una disciplina fiscal, pero por otro lado, hay que dejarle tener déficits en casos especiales, la pregunta es ¿qué hacer? Una solución interesante es la que parecen haber adoptado CIU i el PP en el Parlament de Catalunya. Según ese acuerdo, cuyos detalles sólo conozco a través de la prensa, el gobierno deberá perseguir el equilibrio presupuestario aunque, en caso de crisis económica o de situación excepcional, el Parlament podrá aprobar un déficit positivo, siempre y cuando vaya acompañado de un plan que permita volver al equilibrio presupuestario en un tiempo razonable. Es decir, déficit cero sí...pero en promedio.