La publicación de los datos más recientes confirma que la economía española se enfrenta a una de las peores crisis de su historia: el hundimiento de la construcción y la promoción inmobiliaria ha conllevado una caída catastrófica del producto interior bruto y del empleo. Además ha producido un agujero gigante en el sector financiero (que había financiado la mayor parte de operaciones inmobiliarias con “apalancamiento”, es decir, pidiendo prestado para prestar a las inmobiliarias por lo que ellas se ven obligadas a devolver lo que pidieron prestado a pesar de que las promotoras no les están devolviendo el dinero porque no hay manera de vender pisos). El agujero en el sector financiero ha paralizado el crédito y eso afecta al resto de la economía. El miedo y la desconfianza han hecho el resto.
Los problemas fundamentales de España son que (1) el sector inmobiliario representaba una parte demasiado grande de la economía (entre el 15 y el 19%, en comparación con el 4% de otros países como Estados Unidos) por ese sector debe sufrir una restructuración que adecue su tamaño a niveles más normales y sostenibles. Es decir, la construcción en España no debe volver a coger el ritmo exagerado que ha causado la catástrofe. (2) El crecimiento inmobiliario hacía que los salarios subieran porque se necesitaba gente para trabajar en la construcción. El resto de las empresas se veían obligadas a subir salarios ya que la construcción hacia que la mano de obra escaseara. (3) Mientras las cosas “iban bien”, nadie se preocupaba por hacer que la economía fuera más productiva. La suma de (2) y (3) hizo que los salarios aumentaran por encima de la productividad. En el momento que estalló la crisis, los empresarios vieron que los salarios eran demasiado altos en relación a la productividad y empezaron a despedir trabajadores por millones. La única manera de salir del agujero es, pues, fomentar la productividad. Es decir, llevar a cabo políticas de oferta que consigan que los mismos trabajadores generen una producción superior.
Pues bien, en medio de todo este tinglado, llega el debate sobre el estado de la nación y el presidente Rodríguez Zapatero anuncia a bombo y platillo una serie de medidas para solucionar la crisis. Pequeño problema: las propuestas son las tradicionales propuestas de demanda que nada tienen que ver con la productividad.
Un grupo de medidas son inútiles. Por ejemplo, la reducción del impuesto de sociedades es una gran medida en principio ya que, si las empresas tienen que entregar una fracción menor de sus beneficios al gobierno, tendrán más incentivos a aumentar su actividad económica. El problema es que el impuesto de sociedades grava los beneficios y, en épocas de crisis como la que vivimos, las empresas no tienen beneficios y por lo tanto no pagan el impuesto. Eliminar un impuesto que no se paga en época de crisis ¡no puede ayudar a salir de la crisis!
Otro grupo de medidas va en la dirección equivocada. En este grupo está el anuncio el programa de ayudas directas a la comprad el automóvil. Un programa en el que el presidente Zapatero promete que su gobierno dará 500 euros por la adquisición de un coche nuevo y también promete que “otros” darán 1500 euros adicionales (500 euros las comunidades autónomas, algunas de las cuales ya han dicho que no lo van a hacer, y 1000 euros las empresas productoras –y yo me pregunto, si las empresas estaban dispuestas a reducir el precio de sus coches en 1000 euros, ¿por qué no lo hacían voluntariamente? ¿Por qué tuvo que ser el gobierno el que anunciara esa medida?). El programa de ayudas a la adquisición de automóviles va en la dirección equivocada porque fomenta la demanda de coches y ya hemos dicho que el problema no es de demanda sino de oferta. Por cierto: ¿Por qué el sector del automóvil recibe tantas ayudas por parte del gobierno? ¿No es injusto que el resto de los ciudadanos que también sufren la crisis- desde los taxistas, hasta las pescaderas, pasando por los transportistas, los masajistas, los hoteles, los restaurantes, los peluqueros, los hombres de la limpieza, los autónomos …- tengan que seguir pagando impuestos para subsidiar al sector del automóvil? ¿Por qué es tan importante para el gobierno la automoción?
Finalmente, un tercer grupo de medidas pueden parecer buenas en principio pero pueden tener consecuencias nefastas. Aquí entra la eliminación de las deducciones fiscales por la compra de viviendas. Una parte importante de la culpa de la burbuja inmobiliaria la tuvo el estado: al favorecer la compra de viviendas en perjuicio del alquiler o de la adquisición de otro tipo de activos de inversión, el estado fomentó la demanda de viviendas cosa que contribuyó a que subiera su precio. En principio, pues, puede parecer una buena idea que el gobierno elimine ese tipo de distorsión. El problema es que no lo elimina inmediatamente sino que anuncia ahora que lo eliminará en 2011. Con ello, se pretende inducir a que las familias compren viviendas entre hoy y el 2011. Es decir, se pretende impulsar una política de aumento de demanda que va en dirección contraria a la deseable: el tamaño del sector de la construcción en la economía debe reducirse drásticamente: desde el 15-19% del PIB al 4% del PIB. Eso quiere decir que algunas de las empresas que operaban hasta ahora deberán cerrar o reducir substancialmente su tamaño. Inducir fiscalmente a que las familias compren viviendas es un intento suicida de evitar lo inevitable… y lo deseable.
Resumiendo: el estado de la nación es malo. Malo por la crisis. Y malo porque el gobierno del estado de la nación en ciernes está tomando unas medidas que demuestran que no tiene la solución.
