Después de crecer al 2.3% entre 1995 y 2002, la economía brasileña experimentó un auge sin precedentes bajo el mando del presidente Lula da Silva: el PIB creció a un ritmo del 4% anual entre 2003 y 2010. Especialmente impresionante fue la rápida recuperación después de la crisis financiera de 2008: crecimiento del 7,5% den 2010. El crecimiento de Brasil se basó en parte en los altos precios de las materias primas (es un productor de soja, azúcar, hierro, acero, café, carne y últimamente se ha descubierto petróleo en sus costas) y en parte a que el presidente Lula creó las condiciones favorables para atraer la inversión nacional y la extranjera en sectores como la aviación, automóvil, maquinaria eléctrica, textil, turismo o construcción). A pesar de que, en su juventud, Lula fue un sindicalista radical anti-empresa (cosa que le llevó a perder tres contiendas electorales antes de llegar a la presidencia), el Lula maduro que llegó a presidente era un moderado “pro-business” que ponía interés en crear un entorno favorable a la actividad empresarial pero sin olvidar que los beneficios del crecimiento económico debía repartirse con los ciudadanos más desfavorecidos. En este sentido, Lula se alejaba del “radicalismo bolivariano” de otros líderes de izquierda latinoamericanos como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador.
En el plano macroeconómico, Lula también fue un moderado. A pesar de haber criticado a su predecesor Fernando Henrique Cardoso por bajarse los pantalones ante el Fondo Monetario Internacional (al que alguna vez calificó de “el beso de la muerte”), durante su mandato Lula siguió una política monetaria y fiscal conservadora. Sin dejarse llevar por las alegrías monetarias (designó al presidente del BankBoston USA, Henrique Meirelles, como gobernador del banco central a pesar de que la izquierda decía que Meirelles era el representante de las “políticas de derecha que defienden al gran capital”). Los impuestos durante la época Lula fueron moderados (y no confiscatorios como en algunos países vecinos) y el déficit y la inflación se mantuvieron a raya.
El gran éxito de Lula da Silva no fue, sin embargo, el crecimiento económico del PIB (Brasil ya había experimentado tasas muy positivas en los años setenta) sino el hecho de que quien salió más beneficiado de esa bonanza fueron los ciudadanos más pobres.El paro cayó en picado y se ha situado en una de las tasas más bajas de la historia. Las desigualdades se redujeron (a pesar de que siguen siendo de las más altas del mundo). Los sistemas públicos de protección social (pensiones, sanidad y servicios públicos) mejoraron notablemente y el salario mínimo creció por encima del PIB. Brasil creó el programa “Bolsa Familia” que paga salarios a las niñas pobres para que, en lugar de trabajar, vayan a la escuela. Este exitoso programa (que empezó en el México de Ernesto Zedillo) ha contribuido a que hasta 20 millones de brasileños escaparan de la situación de pobreza extrema. Otro programa que parece haber funcionado bien es el llamado “mi casa, mi vida”: un programa de ayuda a la compra de vivienda por parte de la gente más pobre, combinación de crédito y subsidio dependiendo de la situación familiar.
¿A qué se debe, pues, el desencanto de los ciudadanos que en los últimos días se han manifestado masivamente(*) por las calles de las principales ciudades del Brasil? En parte, la irritación se debe a que el progreso de la era Lula se ha ralentizado y las expectativas que se tenían solo hace un par de años no se están cumpliendo. El crecimiento de 2011 (con Dilma Rousseff ya en la presidencia) fue solamente del 2,7%, una tasa que cayó hasta el 0,9% del pasado año. Con la desaceleración también ha vuelto la inflación que erosiona las mejoras de poder adquisitivo de las clases populares. Pero esta reciente (y hasta el momento leve) desaceleración no puede explicar el creciente descontento de los brasileños.
La principal razón que lleva a los brasileños a protesta es la misma por la que protestan los ciudadanos de la periferia europea: la corrupción política es rampante. Si bien es cierto que lo que disparó las protestas fue la (pequeña) subida del precio del transporte público, en la masiva manifestación del sábado en la que participaron más de 250.000 personas los manifestantes lanzaban proclamas contra la corrupción política.
Y es que si alguna cosa hizo mal el presidente Lula da Silva, esto fue no erradicar la corrupción. A pesar de que la lista de políticos y altos cargos que han sido condenados u obligados a abandonar sus cargos por corrupción es larga (ministros, secretarios de estado, senadores y toda clase de políticos bien conectados. Hasta el todopoderoso presidente de la Confederación Brasileña de Futbol -y amigo íntimo y socio de negocios del presidente del Barça- Ricardo Teixeira, fue obligado a abandonar su cargo y a huir a Miami para escaparse de la justicia) la corrupción política es rampante.
Solo un ejemplo: en 2005, se destapa la trama “mensalao” (o “escándalo de las mensualidades”): unos ministros del gobierno de Lula se dedicaban a comprar los votos de algunos diputados de la oposición. ¡Dinero a cambio de votos! Pues bien, mientras las autoridades estaban intentando meter a esos ladrones en la cárcel, el congreso intenta aprobar una ley, llamada PEC-37, que impida a fiscales y jueces investigar a cargos públicos con el objetivo de tapar toda la trama “mensalao”.
Y, claro, toda esta corrupción política causa una enorme irritación entre las clases populares que tienen la sensación de que los corruptos en Brasil tienen total impunidad. Es más, las enormes y monumentales obras públicas relacionadas con la organización del mundial de fútbol, la copa confederaciones y las olimpiadas de Rio de Janeiro no ayudan a generar confianza en que se está atajando la corrupción de verdad. ¿Quien se beneficia de todo ese dinero? ¿Quien decide las empresas encargadas de construir? ¿Cómo se toman esas decisiones? Todo es sospechosamente turbio.
La reacción inicial de la presidenta Rousseff a las protestas fue tardía y consistió en prometer más gasto social. Por ejemplo, aprobó una ley que obliga a invertir el 100% de las regalías procedentes del petróleo en educación (el 75%) y sanidad pública (el 25% restante). Rousseff también eliminó los incrementos de precios del transporte público (que fue lo que encendió las protestas) e incluso prometió subsidiarlo.
Pero todas esas promesas de más gasto público no parecen contentar a los manifestantes que siguen protestando día tras día. La razón: el problema de Brasil no es la falta de gasto sino la corrupción. Y un aumento del gasto público se interpreta como un intento de comprar con dinero a los manifestantes para mantener el status qup. Al ver que eso no funcionaba, la cámara de diputados hizo ayer marcha atrás en su propuesta de limitar el poder de los fiscales contra los político y rechazó la propuesta PEC-37 por 430 votos a favor y solo 9 en contra. Yo no sé si esto servirá para apaciguar los ánimos de los protestantes brasileños. Lo que sí sé es esa votación demuestra que hay países donde los políticos no son ni ciegos, ni sordos... ni totalmente insensibles a la voluntad popular.
(*) Las encuestas dicen que el 75% de los ciudadanos está a favor de los protestantes.
